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Identifier: imarina:5132605

Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/imarina5132605

Authors:
MARINA RODRÍGUEZ BEAS

Abstract:
La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de l a Unidad de Mercado (LGUM) introduce una serie de medidas de armon ización normativa y de supresión de barreras administrativas, las cuales han tenido un fuerte impacto en el régimen jurídico del comercio interior. Con esta no rma el legislador estatal ha definido un modelo de intervención económica claramente liberal y ha impuesto a las Comunidades Autónomas un marco muy limitado para po der ejercer sus competencias. Se trata de una norma controvertida que pr evé una regulación que plantea dudas razonables de constitucionalidad desde el ámb ito competencial de las Comunidades Autónomas, y por ello, ha sido recurrida de sde varias instancias ante el Tribunal Constitucional. En este trabajo analizamos cu áles son los efectos que se derivan de esta normativa en las competencias autonómic as sobre la ordenación de los equipamientos comerciales. Para ello se ha estudiad o cómo ha evolucionado, desde la Directiva Servicios, el régimen de intervención administrativa de los equipamieztos comerciales, el cual se ha ido debilitando con las corrientes neoliberales que inspiran las sucesivas reformas de la normativa estata l, e imponiéndose una tendencia recentralizadora de las competencias del Estado. Ta mbién examinamos los preceptos impugnados de la LGUM y las concretas impugnaci ones realizadas por los recurrentes para llegar a dilucidar la doctrina más r eciente del Tribunal Constitucional que parte de la Sentencia 79/2017, de 22 de junio, sobre si la LGUM afecta al ejercicio de las competencias en comercio interior de las Comunidades Autónomas.