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Identifier: imarina:9202516

Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/imarina9202516

Authors:
Elisabet Cerrato Guri

Abstract:
Una de las cuestiones que más preocupación genera en el ámbito de la prueba documental es la aportación al proceso de los documentos que no se hallen en disposición de la parte que los quiera utilizar para alcanzar la tutela judicial deseada. Ello sucede cuando esta fuente probatoria se encuentra en manos de otra parte procesal o incluso de un tercero ajeno al proceso judicial. El ordenamiento jurídico español regula esta realidad a través de la exhibición documental en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC)4 , aunque con algunas lagunas y deficiencias. Es por este motivo, y dada la relevancia que supone para el órgano decisor disponer de todos los elementos probatorios para la consecución de la anhelada justicia (art. 1.1 de la Constitución Española, en adelante CE), y para las partes utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art. 24.2 CE), que hemos querido acudir al derecho comparado para analizar el tratamiento jurídico que recibe esta institución procesal. A tal fin, y por su especial trascendencia en el common law, nos hemos fijado en la institución jurídica de la disclosure, regulada en la Civil Procedure Rules (en adelante CPR) 5 .