Seguro y responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Identificador:  TFG:616

Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG616

Autores:  Raja Fuentes, Vanessa

Resumen:
Este trabajo tiene por objeto analizar algunos de los principales problemas jurídicos que plantea el hecho de que una aseguradora cubra la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. La contratación de seguros de responsabilidad patrimonial es una práctica generalizada y extendida en múltiples ámbitos de actuación de las Administraciones Públicas. Pese a que no existe ningún obstáculo a la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan contratar seguros, cuando se utiliza esta modalidad contractual se suscitan determinadas controversias que residen en la incompatibilidad de dos grupos normativos que no han sido concebidos para converger en una misma relación jurídica: la regulación de la responsabilidad administrativa de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la contenida en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. En particular, los problemas derivados del ejercicio de la acción directa del perjudicado contra la compañía aseguradora que repercute complicadas consecuencias sobre el reparto jurisdiccional. Frente a la contratación de un seguro permanece la idea del autoseguro como alternativa a la gestión del riesgo.